La base imponible del impuesto de sucesiones se determina por el valor de los bienes o derechos adquiridos por herencia o legado.

A esto se suma el importe de las prestaciones recibidas por los seguros de vida. Y se resta el importe de las cargas, deudas y gastos que permite la ley.

La base liquidable del impuesto de sucesiones es el resultado de restar las reducciones previstas en la normativa a la base imponible del impuesto.

Las reducciones del impuesto de sucesiones están recogidas en dos normativas. Por un lado en la Ley estatal reguladora del impuesto (Ley 29/1987, de 18 diciembre). Pero además, en las Leyes que dictan las Comunidades Autónomas en ejercicio de las competencias que el Estado les ha cedido.

A este respecto, conviene recordar que el impuesto de sucesiones es un tributo estatal cuya recaudación se halla cedida por el Estado a las Comunidades Autónomas. Hay dos excepciones, Navarra y País Vasco, que cuentan con un régimen especial. Además de la recaudación, la cesión también comprende ciertas competencias normativas.

Entre ellas se encuentran la posibilidad de mejorar las reducciones previstas por el Estado. O, incluso, la de introducir reducciones propias de cada Comunidad Autónoma. Esto supone que existan importantes diferencias en la normativa del impuesto en cada Comunidad Autónoma.

El impuesto de sucesiones es un tributo de naturaleza progresiva. Está gravado en diferente proporción según el volumen de la parte de la herencia que nos corresponda. Es decir, sobre la base liquidable. El gravamen general se encuentra entre el 7,65% y el 34%.

Gracias a este porcentaje, el tipo de gravamen, podemos determinar la cuota íntegra del impuesto. Esto se consigue al aplicarlo sobre la base liquidable. También el Estado ha cedido competencias normativas a las Comunidades Autónomas en esta materia. Así que el porcentaje puede variar de una Comunidad a otra.

La cuota íntegra puede verse incrementada como consecuencia del coeficiente multiplicador. Este se aplica en función de la cuantía del patrimonio preexistente del sujeto pasivo. El coeficiente multiplicador varía en función del patrimonio que tuviera el sujeto pasivo con anterioridad a la adquisición mortis causa y en función de su grado de parentesco con la persona fallecida.

En la legislación estatal no se contempla ninguna bonificación sobre la cuota íntegra. Las Comunidades Autónomas sí que pueden prever alguna bonificación o deducción sobre la misma. Pero esto lo veremos en el siguiente apartado. En caso de no hacerlo, la cuota íntegra constituirá la cantidad a pagar en concepto de impuesto de sucesiones.

Algunas Comunidades Autónomas preven para ciertos casos o sujetos la posibilidad de aplicar deducciones o bonificaciones sobre la cuota íntegra del impuesto de sucesiones. El resultado de aplicar estas deducciones o bonificaciones sobre la cuota íntegra se denomina cuota líquida. Es la cantidad que el sujeto pasivo –heredero, legatario o beneficiario del seguro de vida– debe pagar en concepto de impuesto de sucesiones.

Visto lo anterior, vamos a repasar cuál sería la diferencia entre una reducción y una bonificación.

La reducción se aplica sobre la base imponible. Sirve para disminuir el importe de la magnitud (base liquidable) sobre la que posteriormente ha de aplicarse el tipo de gravamen. Mientras, la bonificación, se aplica sobre la cuota íntegra. Esto es, sobre el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base liquidable.

De modo que, aunque ambas conducen a una disminución de la cantidad total a pagar, los efectos de una y otra son diferentes. Especialmente en un tributo de naturaleza progresiva como es el impuesto de sucesiones.

Las reducciones del impuesto de sucesiones reducen la progresividad del impuesto. En cambio, las bonificaciones en la cuota no afectan a la progresividad.

Como se ha mencionado más arriba, el Estado ha cedido a las Comunidades Autónomas no sólo la capacidad para recaudar el Impuesto sobre Sucesiones en sus respectivos territorios, sino también la capacidad para regular ciertos elementos del mismo.

Entre los elementos que pueden regular las Comunidades Autónomas se encuentran las reducciones aplicables sobre la base imponible. De esta forma, las Comunidades Autónomas pueden mejorar las reducciones previstas en la legislación estatal. Pero además están capacitadas para introducir y regular sus propias reducciones.

En consecuencia, habrá que distinguir tres grupos de reducciones del impuesto de sucesiones:

Estas reducciones se aplican sólo en el caso de que la respectiva Comunidad Autónoma no hubiera introducido ninguna mejora. Son las siguientes:

Con independencia de las reducciones anteriores, se aplicará una reducción del 100% –con un límite de 9.195,49€– a las cantidades percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros de vida. Ocurrirá siempre y cuando el parentesco con el contratante fallecido sea de cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado.

La reducción será única por sujeto pasivo. Es indiferente el número de contratos de seguros de vida de los que sea beneficiario.

Esta reducción se aplica cuando dentro de la herencia existe una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en entidades –participaciones en sociedades, comunidades de bienes, etc. Solo se aplica cuando el adquirente sea el cónyuge del causante, sus descendientes o sus adoptados.

No obstante, cuando no existan descendientes o adoptados, la reducción se aplicará a las adquisiciones realizadas por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado –los sobrinos del causante.

Esto ocurrirá cuando a dicha empresa, negocio o participaciones le fuera de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

La reducción corresponde al 95% del valor de la empresa, del negocio o de las participaciones adquiridas por el heredero o legatario.

Su aplicación queda condicionada al mantenimiento de dicha adquisición durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante. La única excepción se produce si el adquirente falleciera dentro de ese plazo.

Sobre la herencia de la vivienda habitual de la persona fallecida, se aplica una reducción del 95% sobre el valor del inmueble. El límite es de 122.606,47€ para cada sujeto pasivo.

La condición para su aplicación será que los herederos o legatarios sean el cónyuge, los ascendientes o los descendientes del causante. O bien, un pariente colateral –hermano, sobrino, resobrino, primo, etc.– mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.

Esta reducción queda condicionada al mantenimiento de la adquisición durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante. Salvo que el adquirente fallezca dentro de ese plazo.

Cuando dentro de la herencia se incluyan bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico o Cultural de las Comunidades Autónomas, se aplicará una reducción del 95% de su valor. Estos bienes deberán estar comprendidos en los apartados uno, dos o tres del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

La reducción solo se aplicará si los herederos o legatarios son el cónyuge, los descendientes o adoptados del causante.

Su aplicación también está condicionada al mantenimiento de la adquisición durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante. La única excepción es el fallecimiento del adquirente dentro de ese plazo.

Puede ocurrir que unos mismos bienes sean objeto de dos o más transmisiones mortis causa en un período máximo de diez años.

Si la herencia de estos bienes es en favor de los descendientes, en la segunda y ulteriores transmisiones se deducirá de la base imponible el importe abonado transmisiones precedentes.

La reducción se puede aplicar incluso en casos de subrogación de unos bienes por otros. Dicha subrogación se tendrá que acreditar de forma fidedigna.